Comunicado del equipo jurídico de la PAH respecto a la sentencia de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años. El TJUE, de obligado cumplimiento para los jueces españoles, pasa por encima incluso de la normativa estatal y concluye que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa. La ley actual no da al afectado mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución actual.

Los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata, puesto que la normativa que los regula es ilegal.

La sentencia da importantes facultades de actuación en los procesos vigentes a los jueces. La declaración del procedimiento como ilegal abre amplias vías para alegar la nulidad de los procedimientos que se han tramitado hasta ahora.

Ha tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ciegos y sordos, incapaces de atender el clamor popular y dar solución al drama social que los desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con esta sentencia una bofetada al Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado claramente ilegal.

Las inmediatas estrategias jurídicas posibles ante el fallo del TJUE serán analizadas este sábado en una reunión de abogados de la PAH.

La sentencia es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo. A la luz de la doctrina del TJUE la retroactividad no solo es una posibilidad reconocida en la Constitución, sino una necesidad. Una necesidad ya que se plantea la nulidad de las ejecuciones hipotecarias realizadas desde el año 1993, fecha de la Directiva en la que se basa la sentencia para declarar ilegal el procedimiento español. No puede sostenerse que una persona sea condenada a pagar una deuda perpetua derivada de un procedimiento ilegal.

Esta sentencia reafirma la importancia de la movilización ciudadana a favor de las medidas de la ILP, unas medidas de mínimos que se están debatiendo en el Parlamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.

¡Sí Se Puede!

Fuente Original.

El Tribunal de Justicia europeo considera abusiva la ley española sobre desahucios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera abusiva e ilegal la normativa española sobre desahucios que permite que las familias que no pueden pagar una hipoteca puedan quedarse en la calle y con la deuda a cuestas. Esta posibilidad vulnera los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria y así lo ha plasmado el tribunal en su sentencia.

Una de las argumentaciones de la sentencia hace referencia a que, ante los procesos de desahucio, los jueces no pueden adoptar medidas cautelares “entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final”. Es decir, considera que la legislación española, que no permite paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas, vulnera la normativa europea sobre los consumidores porque no garantiza una protección suficiente frente a cláusulas abusivas.

El fallo del tribunal europeo será directamente aplicable a partir de ahora y en los procesos que están vivos, así como en las sentencias pendientes de dictar.

La sentencia es de obligado cumplimiento por todos los jueces de la UE. Los magistrados deberán tener en cuenta esta sentencia en todos los casos, aunque el fallo no es vinculante. Pese a que España no estaría formalmente obligada a cambiar la ley, el Gobierno español ha esperado a conocer la sentencia para aprobar el proyecto de ley sobre desahucios que está en tramitación en el Congreso.

El origen de todo fue Mohamed Aziz, un vecino de Martorell (Barcelona), que fue desahuciado en enero 2011 y cuyo caso llegó al Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona. El titular del juzgado, José María Fernández Seijo, planteó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para saber si la ley española es compatible con los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria. Lo hizo, explica él, después de que el Constitucional rechazara estudiar una cuestión de un juez de Sabadell sobre si las ejecuciones hipotecarias vulneraban derechos de los ciudadanos, buscando una mayor sensibilidad en la Unión Europea.

La sentencia coincide en el tiempo con el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, respaldada por un millón y medio de firmas, pide que se paralicen los desahucios, que los afectados puedan devolver sus pisos al banco y quedarse a vivir pagando un alquiler social.

El dictamen no vinculante emitido en noviembre pasado por la abogada general de la Unión Juliane Kokott, ya dijo que “el sistema de ejecución hipotecaria español limita de forma grave las posibilidades de defensa del ejecutado a la luz de la normativa europea”. En sus conclusiones, la abogada general recordó que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

No obstante, el dictamen precisó que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculicen los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas. Y la abogada general estimó que “la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue”.

Fuente original.

La Policía Local de Cantabria pide no ejecutar desahucios

La Asociación de Policía Local de Cantabria (APLC) ha solicitado a todos los alcaldes de la región que, siguiendo el ejemplo de otros, den las ordenes precisas para que sus agentes no participen en la ejecución de desahucios, ante “el clamor social y las graves consecuencias” que esto originaria a las familias afectadas, sobre todo en caso de futuras sentencias favorables.

La asociación pide también que, en caso de no poder aplicar dicha orden, se autorice la objeción de conciencia en la participación de los desahucios para todos aquellos agentes que lo soliciten ante sus “firmes convicciones religiosas y sociales”.
En un comunicado, la Junta Autonómica y el conjunto de la representación sindical de la asociación denuncia públicamente la situación de “emergencia nacional y desastre social” que se esta dando ante la masiva ejecución de desahucios con motivo de la crisis que “asola” nuestro país-
A su juicio, la “utilización” que se esta haciendo por parte de la Administración de los policías, así como la propia ejecución de dichos desahucios, “roza cuando menos los derechos constitucionales de los afectados”, cuestión, recuerda, sobre la que ya se han pronunciado diferentes Tribunales Europeos y representantes del Poder Judicial.
“No comprendemos como se puede utilizar a la Policía como elemento partidista al servicio de la gran banca y de empresas particulares, cuando a nuestro entender las Policías Locales, son un servicio publico que debiera garantizar los derechos y garantías de los ciudadanos”, recalca la asociación.
Añade que, de igual forma, “impedir las ordenes emitidas para actuar con la fuerza necesaria sobre ancianos, mujeres y niños con el único fin de ponerles en la calle” les plantea un “gran problema de conciencia”, puesto que entienden que su misión como “policía democrática” es “ayudar a nuestros convecinos y protegerles de las decisiones que conducen al desahucio, a nuestro entender manifiestamente injustas”.
La asociación informa por último que a lo largo de esta semana, esta solicitud ha sido comunicada mediante registro municipal a todos los ayuntamientos de Cantabria que cuentan con Cuerpo de Policía Local.

LA PAH SANTANDER INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA.

La plataforma de afectados por la hipoteca de Santander desea manifestar su indignación conel simulacro de pleno que se llevó ayer a cabo en el Ayuntamiento de Santander. El grupomunicipal popular, rechazó la moción presentada por la plataforma con argumentosincomprensibles, partidistas e injustificables. Así mismo, nos levantamos y nos fuimos del salónde plenos, porque habiendo solicitado intervenir durante el debate de la moción en defensa delos afectados, se nos denegó la intervención hasta la finalización del pleno, contrariando elespíritu y la literalidad del propio reglamento del pleno, que permite la exposición ante el mismopor cualquier afectado con anterioridad al debate. Consideramos que la intención del señoralcalde fue impedir que se conociera la posición de los afectados durante el debate,restringiendo un debate plural y democrático. Agradecemos que los grupos de la oposición,Psoe y Prc, que apoyaran la moción que nosotros presentamos.
Nos mostramos también molestos, porque ayer en el pleno del Ayuntamiento de Camargo seaprobó una moción que se vendió como si fuera la nuestra y que en parte lo era, pero muyretocada. Se obvió la retroactividad de la “dación en pago” y aquellas partes que consideramosque eran de competencia municipal( no trabajar con bancos que desahucien vecinos, noparticipar en lanzamientos, etc..). Aun así, valoramos el hecho de que la moción del grupopopular de este ayuntamiento hable de apoyar algunos mínimos tales como la dación en pago,en extraña contraposición con el grupo popular de Santander que lo considera imposible, enuna actitud servil a los intereses de la banca y ajena a los intereses de la ciudadanía que dicenrepresentar. También estamos contentos, con que la oposición (Psoe, Prc, Iu) defendieranuestra moción y hubiera intentos de consenso, aunque el grupo popular no permitiese sudebate.
Por último, denunciamos que ayer en el pleno de Camargo nos enteramos que la Federación deMunicipios de Cantabria ha entregado a los mismos, una moción en nombre de las plataformasde Santander y Torrelavega que no se corresponde con la que les entregamos. Sentimos ylamentamos profundamente que la FMC con su presidente Julián Vélez a la cabeza, no hayaestado a la altura de las circunstancias y haya faltado a su palabra, dada a los representantesde esta plataforma, de transmitir íntegramente nuestra moción a los ayuntamientos,modificándola posteriormente a su antojo. Por lo tanto, nos desmarcamos de esa moción y larechazamos por retocada y recortada. A todo aquel Ayuntamiento que quiera debatir nuestramoción está lista para descarga en nuestro blog
Desde la Plataforma de afectados por la hipoteca denunciaremos cualquier intento demanipulación que pretenda hacerse desde cualquier organización o administración de nuestraspeticiones
 
01/03/2013